¿Teocracia o simple dictadura?

Es evidente que el Presidente Andrés Manuel López Obrador está construyendo una dictadura al viejo estilo priista, muy parecida a la impuesta por la “Revolución Bolivariana” en Venezuela.

No
se conforma con el inmenso poder que los ciudadanos le dieron en las urnas,
incluyendo su holgada mayoría en las dos cámaras y su control de 20
legislaturas estatales, sino que pretende apoderarse también del Poder Judicial
nombrando ministros a modo, y eliminar o debilitar a instituciones autónomas
tan importantes como el Instituto Nacional Electoral, el Instituto de
Evaluación Educativa, el INEGI, la Comisión Reguladora de Energía y otras de
vital importancia para una democracia equilibrada y para el buen funcionamiento
económico del país.

Crear
una estructura piramidal –los superdelegados- por encima de los gobiernos
constitucionales de los estados, intimidar a los medios y amenazar con “prisión
preventiva” bajo cualquier pretexto a los opositores.

Construir
nuevas clientelas político-electorales mediante la entrega masiva de dinero público
a costa de destruir instituciones y programas tan vitales como las estancias
infantiles. Construir un nuevo sindicalismo oficial, encabezado por uno de los juniors
más corruptos y perniciosos del viejo sindicalismo priista; crear una nueva
élite empresarial dependiente de los favores presidenciales y un nuevo partido
hegemónico alimentado por estas nuevas clientelas.

En
suma un gobierno tiránico, autoritario, sin contrapesos de ningún tipo. Una
presidencia absoluta, sin equilibrios y apoyada férreamente por una nueva casta
militar consentida e incondicional.

Pero
lo más preocupante es el tono cuasi-religioso y moralizante que el Caudillo le
da a su forma de gobernar. En su homilía mañanera acusa, enjuicia y condena a
sus adversarios políticos de los peores crímenes sin presentar prueba alguna y
sin darles la oportunidad de defenderse ante un jurado o de contestarle en una
tribuna pública equiparable a la suya, como lo hizo con los 9 exfuncionarios
del sector energético y con los expresidentes del “régimen neoliberal”; y
contra el único funcionario que se ha atrevido a contradecirlo, el todavía presidente
de la Comisión Reguladora de Energía.

“¿Y de qué se les acusa?”, pregunta Jesús Silva-Herzog Márquez en su columna del 18 de febrero en Reforma. “De haberse apartado del código moral del Amado Líder. Eso. Ninguno de ellos recibe una acusación legal. Nadie enfrenta un proceso jurídico, nadie tiene oportunidad de defenderse en tribunales para limpiar su imagen. El jurado y el verdugo son el propio Presidente de la República. Es solo él quien ha inventado la infracción moral. Los acusados no han cometido delito alguno. Cumplieron, hasta donde puede saberse, con sus obligaciones legales. Acataron las reglas del derecho que son las únicas que pueden exigir el poder público a los ciudadanos. ¡Pero pecaron! Todos esos funcionarios fueron tentados por el mal y  cayeron en el vicio.  El puritano los llama pecadores, inmorales. Ese lenguaje de inquisidor implacable ha vuelto al discurso público…”

Y Leo Zuckermann en Excelsior, el 13 de febrero: “Desde su púlpito matutino, el gran ayatolá de la Cuarta Transformación hace juicios morales lapidarios. Hay cosas que, según él, pueden ser legales, pero inmorales. Los impúdicos, por tanto, deben ser condenados públicamente. Que la gente se entere para que, si se los encuentran en la calle, les reclamen…El jefe de un Estado laico ni puede ni debe convertirse en gran sacerdote como si estuviéramos en una teocracia. Él no está ahí para decir qué se vale y qué no. Eso lo define la ley. Y si no le gusta la ley, pues que la cambie, que al fin y al cabo, tiene una cómoda mayoría en el Congreso.”

Hay preocupación. Pero ¿se puede hablar de
“teocracia”?

Un amigo escritor católico me argumentaba que el
Presidente y cualquier funcionario público tienen la libertad como cualquier
otra persona de expresar públicamente sus convicciones morales y religiosas. Yo
estoy de acuerdo y creo que esto ha sido una de las conquistas cívicas y
políticas de la lucha por la democracia en México desde la primera visita del
Juan Pablo II en 1989. Pero no creo que un Presidente deba usar de manera
abusiva sus convicciones morales para enjuiciar públicamente a ciudadanos en
gran medida indefensos frente a su poderío.

Muy lejos estamos de una teocracia, donde una
casta sacerdotal o un pontífice máximo imponen sus convicciones morales y
religiosas en las decisiones públicas.  Lo que está haciendo AMLO más bien me parece
una manipulación política de los sentimientos religiosos del pueblo para
acumular más poder y denostar a sus adversarios sin tener que recurrir a las
vías legales. Más concretamente para enjuiciar públicamente lo que él considera
el origen de todos los males de nuestro país, el “régimen neoliberal”(y los
“fifís” que lo apoyan), como lo dijo al anunciar el juicio contra los
expresidentes de dicho período.

Se busca enjuiciar y condenar públicamente una manera de
pensar, una concepción del mundo, el “neoliberalismo”, como lo dijo Jesús Ramírez Cuevas, vocero
de  la Presidencia e integrante del
comité organizador del proyecto de “Constitución Moral” anunciada en noviembre
pasado por López Obrador.

Se
busca asentar en la imaginación popular que todo lo que antecedió al triunfo
del Caudillo fue malo y podrido, y que hay que erradicarlo de tajo para dar
paso al advenimiento de una nueva era y un nuevo dominio, no de un sexenio sino
de al menos un siglo.

Las
mismas tácticas propagandísticas que usaron los nazis para inocular en la mente
del pueblo alemán la idea de que la democracia y el liberalismo previos, los
judíos y el sistema usurero por ellos representado –según los nazis- eran el
enemigo a destruir, y que el Tercer Reich estaba llamado a durar 1000 años.

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